Juristas importantes han puesto en duda, con sólido soporte jurídico,
la supuesta legalidad del fallo de la Procuraduría, de destitución al
Alcalde Petro. Nuestras leyes dan para todo, mientras persista la
confusión jurídica por falta de concordancia. En cuanto a la sanción de
15 años de inhabilidad política, es
absolutamente desmesurada, sin parangón en fallos anteriores de la
Procuraduría. Ordóñez ha evidenciado, una vez más, la politización de la
Procuraduría y su visión personalista, anacrónica, retardataria y
absolutista del Estado, en contra de la filosofía de la Constitución de
1991, moderna y pluralista. En esa sanción que inhabilita a Gustavo
Petro para ejercer cargos públicos, práctimente por el resto de su vida
ORDÓÑEZ SE AUTOINMOLÓ, al mostrar, de modo absolútamente nítido, su
intención revanchista y persecutoria, tanto por complacencia egolátrica
como para hacerle un invaluable favor a sus amigos políticos,
quitándoles un "enemigo" y serio rival de por medio, abanderado de la
reivindicación de los humildes y de la frontal lucha contra la
corrupción y el paramilitarismo. Creo que todos los sectores sociales
que propenden por una mejor sociedad debemos rodearlo, pensando en los
contrapesos y efectivos baluartes que nuestra democracia necesita, para
llegar a ser, eféctivamente, pluralista e incluyente de la "diferencia".
Por otra parte no existe mejor mensaje para el Proceso Político de la
Habana. De no ser así ¿qué pueden esperar los movimientos insurgentes
que aspiran a ingresar al debate público propio del sistema democrático?
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