Sobre
un andén, tirado en el piso, sucio, ajado, las hojas manchadas por la
humedad, signado en la primera página con rúbrica de ejecutivo, y sin
señales de haber sido leído, me topé hace poco, en un puesto de libros
usados, con el libro, famoso en su momento, Colombia violencia y democracia,
que dio inicio a toda una zaga de estudios sobre la violencia. Ahora
estaba ante mi vista como bien mostrenco tazado en $2000. Amorosamente
lo llevé a casa y le hice el tratamiento acostumbrado de asepsia y cura
de hongos. Clara paradoja de nuestra reforma política de 1991. El libro
podría ser sinónimo de cualesquiera de nuestros ciudadanos de quinta
categoría, en un asentamiento suburbano, con todos los derechos del
mundo plasmados en papel, pero sin posesión de ninguno que les
permitiera dignificar su vida; resignados, aferrados a confesiones
religiosas o agrupados en tribus a la orilla del Sistema. En un momento
creí que eran ganancia la acción popular, el derecho de petición y la tutela.
Ahora pienso que son embelecos de una democracia incapaz de resolver
los problemas estructurales de la sociedad, que se pierden en el
maremágnum de instancias burocráticas.
A 29 años de haberse publicado el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia
(1987), integrada por nueve académicos prestigiosos de las principales
universidades colombianas y un general de la República (Gonzalo Sánchez,
Eduardo Pizarro, Santiago Peláez Valdés, Carlos Miguel Ortiz, Carlos
Eduardo Jaramillo, Álvaro Guzmán Barney, Darío Fajardo M., Álvaro
Camacho Guizado y Luis Alberto Andrade), los males de nuestra
democracia, allí expuestos, en vez de aligerarse se han profundizado.
Este estudio sigue teniendo una vigencia sorprendente. Fenómenos aún
no tan relevantes entonces, adquirieron con el tiempo dimensiones
insospechadas, tales: el sicariato, el paramilitarismo, el
desplazamiento forzado y la criminalidad organizada (BACRIM).
El informe de esta comisión sirvió de base a la Constituyente que
elaboró la Constitución de 1991; la cual, sin duda, respondió a las
necesidades sociopolíticas fundamentales de nuestro país. Sin embargo,
casi todo se quedó en la letra. La anhelada ampliación de la
participación política reforzó las clientelas de los partidos con nuevos
invitados populares a la mesa; la corrupción amplió el estrato social,
con una voracidad sobre el presupuesto nacional, departamental y
municipal pocas veces mostrada con tanto descaro, a través del ejercicio
de la contratación, en manos del poder ejecutivo. Se me ocurre
que es hora de repensar la división de poderes elaborada por
Montesquieu, incluyendo una nueva rama del poder público, eminentemente
técnica, que esté bajo la vigilancia celosa de los demás poderes. Esta
nueva instancia constitucional correspondería a la Contratación; para
restarle poder a la rama ejecutiva, menguando así la corrupción y la
politiquería.
Para mostrar la importancia del texto Colombia: violencia y democracia, y su pertinencia en las actuales circunstancias, cito los siguientes párrafos:
“La Comisión partió de un replanteamiento…, que le permitió
diferenciar, al lado de la violencia política, otras tres modalidades
básicas: la violencia socioeconómica, la violencia sociocultural y la
violencias sobre los territorios. Formas todas ellas que se ven
reforzadas por una cultura de la violencia que se reproduce a través de
la familia, la escuela y los medios de comunicación, como agentes
centrales de los procesos de socialización”.
“… la Comisión extrae una tesis central: los últimos gobiernos han
concentrado su atención en la violencia política y el narcotráfico,
mientras que han mirado con cierta indiferencia el crecimiento alarmante
de las otras modalidades de violencia que, en su conjunto, generan un
porcentaje mucho mayor de víctimas y están afectando profundamente la
vida diaria de los colombianos”.
“… la Comisión convoca a la sociedad entera para que se haga de la
defensa de los derechos humanos y la democracia un propósito nacional”.
… la superación de la violencia y la ampliación de la democracia no
incumben sólo al gobierno, ni siquiera al Estado en su conjunto, sino a
todo el pueblo, de manera especial a los gremios, tanto de trabajadores
como de empresarios, a los partidos políticos, a los medios de
comunicación, a la propia guerrilla”.
Colombia: violencia y democracia. Informe presentado
al Ministerio de Gobierno. Comisión de estudios sobre la violencia.
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.
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