Comisión de estudios sobre la violencia – 1987 (Memoria para actualizar)

Sobre un andén, tirado en el piso, sucio, ajado, las hojas manchadas por la humedad, signado en la primera página con rúbrica de ejecutivo, y sin señales de haber sido leído, me topé hace poco, en un puesto de libros usados, con el libro, famoso en su momento, Colombia violencia y democracia, que dio inicio a toda una zaga de estudios sobre la violencia. Ahora estaba ante mi vista como bien mostrenco tazado en $2000. Amorosamente lo llevé a casa y le hice el tratamiento acostumbrado de asepsia y cura de hongos. Clara paradoja de nuestra reforma política de 1991. El libro podría ser sinónimo de cualesquiera de nuestros ciudadanos de quinta categoría, en un asentamiento suburbano, con todos los derechos del mundo plasmados en papel, pero sin  posesión de ninguno que les permitiera dignificar su vida; resignados, aferrados a confesiones religiosas o agrupados en tribus a  la orilla del Sistema. En un momento creí que eran ganancia la acción popular, el derecho de petición   y la tutela. Ahora pienso que son embelecos de una democracia incapaz de resolver los problemas estructurales de la sociedad, que se pierden en el maremágnum de instancias burocráticas.

A 29 años de haberse publicado el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987), integrada por nueve académicos prestigiosos de las principales universidades colombianas y un general de la República (Gonzalo Sánchez, Eduardo Pizarro, Santiago Peláez Valdés, Carlos Miguel Ortiz, Carlos Eduardo Jaramillo, Álvaro Guzmán Barney, Darío Fajardo M., Álvaro Camacho Guizado y Luis Alberto Andrade), los males de nuestra democracia, allí expuestos, en vez de aligerarse se han profundizado. Este estudio sigue teniendo una vigencia sorprendente. Fenómenos  aún no  tan relevantes entonces, adquirieron con el tiempo dimensiones insospechadas, tales: el sicariato, el paramilitarismo, el desplazamiento forzado y la criminalidad organizada (BACRIM).

El informe de esta comisión sirvió de base a la Constituyente que elaboró la Constitución de 1991; la cual, sin duda, respondió a las necesidades sociopolíticas fundamentales de nuestro país. Sin embargo, casi todo se quedó en la letra. La anhelada ampliación de la participación política reforzó las clientelas de los partidos con nuevos invitados populares a la mesa; la corrupción amplió el estrato social, con una voracidad sobre el presupuesto nacional, departamental y municipal pocas veces mostrada con tanto descaro, a través del ejercicio de la contratación, en manos del poder ejecutivo. Se me ocurre que es hora de repensar la división de poderes elaborada por Montesquieu, incluyendo una nueva rama del poder público, eminentemente técnica, que esté bajo la vigilancia celosa de los demás poderes. Esta nueva instancia constitucional correspondería a la Contratación; para restarle poder a la  rama ejecutiva, menguando así la corrupción y la politiquería.

Para mostrar la importancia del texto Colombia: violencia  y democracia, y su pertinencia en las actuales circunstancias, cito los siguientes párrafos:

“La Comisión partió de un replanteamiento…, que le permitió diferenciar, al lado de la violencia política, otras tres modalidades básicas: la violencia socioeconómica, la violencia sociocultural y la violencias sobre los territorios. Formas todas ellas que se ven reforzadas por una cultura de la violencia que se reproduce a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación, como agentes centrales de los procesos de socialización”.

“… la Comisión extrae una tesis central: los últimos gobiernos han concentrado su  atención en la violencia política y el narcotráfico, mientras que han mirado con cierta indiferencia el crecimiento alarmante de las otras modalidades de violencia que, en su conjunto, generan un porcentaje mucho mayor de víctimas y están afectando profundamente la vida diaria de los colombianos”.

“… la Comisión convoca a la sociedad entera para que se haga de la defensa de los derechos humanos y la democracia un propósito nacional”.

… la superación de la violencia y la ampliación de la democracia no incumben sólo al gobierno, ni siquiera al Estado en su conjunto, sino a todo el pueblo, de manera especial a los gremios, tanto de trabajadores como de empresarios, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a la propia guerrilla”.

Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno. Comisión de estudios sobre la violencia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

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